¿Servir al Pueblo o servirse del Pueblo?


Las elecciones municipales de 1979 pusieron de manifiesto que la oposición al proceso de transición de sectores importantes de la sociedad no sólo se expresaba en la movilización popular en la calle y otros diferentes frentes de lucha, sino que las opciones rupturistas también tenían un significativo apoyo electoral en diversos pueblos del Estado español, especialmente Euskal Herria, pero también Galicia, Cataluña y con algunos matices Andalucía. La ausencia de organizaciones propias por aquel entonces en Castilla condicionó que en nuestro pueblo no hubiera una situación similar.

Esas opciones rupturistas tenían una definición y un recorrido nítido, sin ambigüedades. Y tenían además una trayectoria cuyas raíces estaban situadas, con diferentes características, en la lucha antifranquista.En aquel entonces, el proceso de transición atravesaba por una profunda crisis de la que el pronunciamiento militar del 23-F fue una de sus expresiones. La UCD, el conglomerado político que había gestionado los primeros años del proceso, comenzaba a estar en franca descomposición, y su líder Adolfo Suárez seriamente cuestionado por propios y ajenos.

La necesidad de articular algún tipo de gobierno de concentración nacional que encauzara las cosas, el llamado “Pacto de la Moncloa” fue un paso en esa dirección; era comentario habitual de los medios y tertulianos de la época, y estuvo en los orígenes del 23-F.
Las conversaciones de Enrique Múgica, uno de los principales líderes del PSOE de la época, con el General Armada, supusieron uno de los hilos principales de ese cocinado.

La “inteligencia” del Estado, que por supuesto es realmente existente, es bastante más hábil de lo que algun@s consideran. En aquel momento, exactamente igual que ahora, era capaz de jugar en varios frentes a la vez, que podían aparentar ser contrapuestos ante determinados sectores de la opinión pública; y esa era precisamente la esencia de la cuestión.

En aquel entonces, al mismo tiempo que alentaban o dejaban hacer en lo referente a los preparativos de la intervención política-militar del 23F de 1981, potenciaban a toda máquina una alternativa político-electoral y a un equipo de líderes que mediante una operación bien diseñada, de marketing comunicacional, fue capaz de sembrar la ilusión -de un cambio- que desde luego la gente deseaba y necesitaba.


Esa alternativa encarnada en el PSOE y su máximo líder Felipe González, al que hay que reconocerle que poseía las capacidades para jugar el papel que se le reclamaba, tenía varias misiones: Estabilizar políticamente el Régimen salido de la transición, proporcionándole una legitimidad social que hasta ese momento no tenía; afrontar las reformas estructurales de la economía (productiva y financiera) que exigía la perspectiva de entrada en la UE; y gestionar la reubicación del Estado español en el escenario internacional, fundamentalmente vía OTAN y UE. Suárez tenía una visión parcialmente diferente de cuál debía de ser ese papel y esa ubicación.

Las elecciones generales de 1982 fueron el gran escenario en el que se sustanció esa operación.
Una buena parte de las gentes que militaban o colaboraban con la llamada izquierda revolucionaria estatal, se dejaron deslumbrar por aquel “cambio”, realizando una evaluación política totalmente errónea de lo que ello significaba. En el caso de una de las fuerzas que se encuadraban en esa llamada izquierda revolucionaria estatal, el M.C., se abrió un profundo debate sobre el papel que iba a jugar el primer gobierno de Felipe González y por tanto la línea de trabajo que había que seguir ante esa nueva realidad. La inmensa mayoría de la militancia de esa organización en Castilla asumió la tesis de que el Gobierno del PSOE de 1982 era en lo esencial un instrumento para llevar adelante los planes económicos y políticos del bloque dominante español y del capitalismo transnacional. De ahí y con esas posiciones salió el grupo que impulsaría la constitución de la U.P.C., embrión de lo que hoy es el movimiento popular castellano.
El PSOE, prometía “un cambio”, que pasaba por un montón de cosas que la gente deseaba, entre otras la honradez, (cien años de honradez, decían), la creación de puestos de trabajo (prometían 800.000, pues también por aquel entonces estábamos en crisis), la no incorporación a la OTAN (“OTAN de entrada no”)… por recordar sólo algunos ejemplos.

Finalmente la llegada al Gobierno del PSOE de Felipe González, supuso realmente el desmantelamiento de una buena parte de la estructura productiva del Estado español, la ratificación de la incorporación a la OTAN realizada en el Gobierno de Calvo Sotelo; y una ofensiva represiva brutal contra los movimientos políticos y sociales que no se creyeron su “cambio” y que siguieron movilizándose en la calle por una auténtica democracia o simplemente en defensa de los derechos sociales.

Los dos ministros del interior de Felipe Gonzalez más significados, Barrionuevo y Corcuera, acabaron siendo juzgados por sus implicaciones en el terrorismo de Estado tan activo en aquella época.

Actualmente atravesamos de nuevo por un profunda crisis del Régimen que tiene motivaciones socio-económicas, pero también motivaciones políticas de primer orden, entre las que destaca el desgaste de la institución monárquica; el anhelo de la mayoría de la población de poder pronunciarse democráticamente sobre la forma de Estado; así como al exigencia de amplisimos sectores de la sociedad catalana, pero también de otros Pueblos, para ejercer el derecho democrático a decidir.

De nuevo el Estado, aunque ciertamente en esta ocasión sus ambiciones son mucho más limitadas porque estamos ante un final de ciclo, aspira a combinar una operación de relegitimación del Sistema ante algunos sectores sociales, uno de cuyos instrumentos es “Podemos”, o la sustitución de Juan Carlos por Felipe VI, con una operación de gran calado, de blindaje autoritario -dictadura civil-, podríamos llamarla, de las instituciones esenciales, según su perspectiva: especialmente la monarquía y las fuerzas represivas. Todo ello acompañado de la puesta en marcha de un engranaje legislativo-normativo para amparar “legalmente” la ofensiva represiva ya puesta en marcha y que se intensificará en los próximos meses contra los movimientos populares, así como contra el Pueblo Trabajador en general. Porque la ofensiva antisocial del Gobierno para nada ha tocado fondo.

En aquel entonces, en 1982, un gran número de cuadros de la llamada izquierda revolucionaria estatal (P.T., M.C., L.C.R.) se pasaron a aquel PSOE que andaba francamente escaso de recursos humanos, para asumir todas las responsabilidades de gestión que les supuso la entrada en el Gobierno español y después en el de numerosas comunidades autónomas. Lo mismo ocurrió con sectores procedentes del PCE. Todas fueron bien compensadas a través de los numerosos cargos que el PSOE tenía a su disposición.

Esas mutaciones se hicieron sin mayores complejos en el momento, aunque el paso del tiempo ha dejado a cada quien en su lugar. Con Podemos, por supuesto a una menor escala, tal como corresponde al alcance menor de la operación, ya empezamos a comprobar fenómenos similares que no hacen sino reproducir el sistema de vivir a costa de la partitocracia, tan arraigado en la tradición política española.

Aunque quizás lo de mayor interés en esta nueva operación, en lo que afecta a este tipo de actuaciones, es el intento de desestabilización de la actual IU.

IzCa nunca ha estado en IU, porque nuestro proyecto desde que se empezó a conformar consideró que IU tenía unas tremendas limitaciones ideológico-políticas que la invalidaban como una plataforma impulsadora de una auténtica ruptura democrática. Sin embargo no se puede dejar de reconocer que esa organización tiene un cierto anclaje en la historia de la resistencia antifascista en el Estado Español; y aunque de forma muy contradictoria nunca ha dejado de reconocerse en esa tradición de la resistencia antifascista. Ciertamente han jugado un papel de legitimación del actual Régimen y aún ahora. Pero a determinados sectores del bloque dominante no le acaba de gustar la evolución de algunas de sus corrientes ni tampoco sus orígenes. Prefieren sin lugar a dudas una izquierda sin historia, una izquierda que no tenga conexión alguna con la resistencia al genocidio franquista. Que no reivindiquen en medida alguna la recuperación de esa memoria histórica.

Podemos, en las pocas actuaciones públicas que ha tenido en esta cuestión la ha tratado de minimizar al máximo, con el argumento que esas cosas ya no le interesan a la gente. Similar posición, desde el punto de vista ideológico están adoptando sobre el Estado de Israel o sobre el Derecho al Aborto. Podemos es ese tipo de “izquierda” que le encantaría tener a la derecha española. No sabemos de que tipo de análisis objetivo puede salir la reflexión de que Podemos está a la izquierda de IU.

Es absolutamente indecente el manejo que se está haciendo con los sondeos de opinión, desde el Gobierno-CIS o desde el Grupo Prisa que tienen entre otras la finalidad de provocar la desmoralización en determinadas corrientes de IU para que ésta sea entregada a sus sectores más derechistas.

Después de las burbujas especulativas-financieras que provocaron tanto entusiasmo inicial como sufrimiento final (hipotecas, preferentes…) asistimos a la puesta en marcha de una “burbuja” electoral política, dirigida a los de siempre y manejada, como no, también por los de siempre.

La obligación de l@s revolucionari@s es la de interpretar con rigor científico lo que está ocurriendo en cada momento, además de cual es el significado de las cosas que ocurren, incluyendo las aparentemente novedosas, y particularmente si estas son útiles para el avance del movimiento popular en la lucha por una auténtica democracia y justicia social, o por el contrario, al margen de las apariencias, son útiles para la relegitimación del Sistema.

Los tiempos que vivimos son complejos, llenos de dificultades pero también de posibilidades para el avance de los movimientos revolucionarios auténticamente transformadores.

Tenemos la potencialidad para ganar esta guerra que este Régimen Monárquico post-franquista ha declarado a las clases trabajadoras y pueblos del Estado español; y que además está enmarcada en la guerra global del capitalismo contra la humanidad.

Tenemos las potencialidad y la obligación de hacerlo, pero para ello hemos de mejorar nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de lucha, nuestra capacidad de organización. Pero sobre todo tenemos que tener claras nuestras posiciones ideológicas. Saber ponernos al servicio del Pueblo, porque finalmente todo se reduce a una cosa: “estar al servicio del Pueblo o pretender servirse del Pueblo”. Aunque esto último se haga con buenas palabras, se acaba notando siempre, y en los tiempos que vivimos mas fácilmente.

via | Izquierda Castellana

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